Nuevos cambios en las zonas de mercado residencial tensionado en Catalunya: Lleida sale de la regulación

La Generalitat amplía a 302 los municipios catalanes considerados zonas tensionadas. La nueva revisión limitará el precio de los nuevos contratos de alquiler en varios municipios de la demarcación de Lleida, entre ellos Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona de Balaguer, Agramunt o Torà.

La Generalitat de Catalunya ha aprobado la nueva revisión anual de las zonas de mercado residencial tensionado, conocidas como ZMRT. La actualización, publicada el 28 de julio de 2026, modifica de manera significativa el mapa de municipios en los que se aplican limitaciones al precio del alquiler de vivienda habitual.

Con la nueva revisión, el número de municipios catalanes incluidos en la declaración pasa de 271 a 302. En total, se incorporan 53 nuevas localidades y se excluyen otras 22.

Entre las principales novedades en la demarcación de Lleida se encuentran diversas incorporaciones a la regulación, como Rosselló, Vallfogona de Balaguer, Agramunt, Torà, La Pobla de Segur y municipios del Alt Urgell como Montferrer i Castellbò y Ribera d’Urgellet.

Límites al alquiler en los municipios incorporados

La entrada de estos municipios en la declaración ZMRT tendrá consecuencias directas sobre los nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual.

Con carácter general, la renta de un nuevo contrato no podrá superar el precio establecido en el último contrato que haya estado vigente durante los cinco años anteriores para la misma vivienda, una vez aplicadas las actualizaciones legalmente permitidas.

Además, cuando el propietario tenga la consideración de gran tenedor, el precio del alquiler tampoco podrá superar el índice de referencia aplicable en la zona.

Estas medidas tienen como objetivo contener el incremento de las rentas en aquellos municipios donde el acceso a la vivienda representa un esfuerzo económico especialmente elevado para los hogares.

Lleida, Cervera y Guissona salen de la lista

La revisión también introduce cambios importantes en otros municipios de la demarcación. La ciudad de Lleida, junto con Cervera y Guissona, deja de estar declarada zona de mercado residencial tensionado.

Según la Generalitat, estos municipios han mejorado sus indicadores de asequibilidad y ya no cumplen los requisitos necesarios para mantenerse dentro de la regulación.

La salida de Lleida se produce a pesar de que el alquiler medio ha registrado un ligero incremento. Según los datos recogidos en el informe, el precio medio mensual ha pasado de 553,43 euros durante el primer trimestre de 2025 a 558,77 euros, lo que representa una subida aproximada del 0,97 %.

Cuando la nueva declaración entre en vigor, las limitaciones específicas de las zonas tensionadas dejarán de aplicarse a los nuevos contratos firmados en Lleida, Cervera y Guissona. Los propietarios podrán fijar libremente la renta inicial, aunque continuarán sujetos a las normas generales establecidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Además de estos municipios, también salen de la regulación localidades como Reus, Granollers, Mollet del Vallès, Figueres, Tortosa, Banyoles, Berga, Parets del Vallès y Les Franqueses del Vallès.

En conjunto, los 22 municipios excluidos reúnen una población de más de 634.000 personas. Por este motivo, aunque aumenta el número total de localidades declaradas zonas tensionadas, se reduce la población catalana que vive en municipios sometidos a la regulación.

La Generalitat defiende la revisión

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que la salida de los 22 municipios responde al funcionamiento de la medida y al carácter temporal y extraordinario de este tipo de intervenciones.

La Generalitat sostiene que, cuando una localidad deja de cumplir los criterios establecidos por la legislación, debe ser excluida de la declaración.

La regulación se aplica en el marco de la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda. La primera declaración de zonas tensionadas entró en vigor en marzo de 2024 con una duración inicial de tres años. Este periodo finalizará en marzo de 2027 y, a partir de entonces, la situación de los municipios deberá revisarse anualmente.

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