El pasado 16 de septiembre de 2026, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva, tras su paso por el Senado, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Según el propio ministerio, supone una refundación del modelo de cuidados en España, con más derechos, servicios y prestaciones, y menos burocracia.
Financiación blindada
La reforma incorpora en la ley la obligación de que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50% de la inversión del sistema. Se suma al real decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado en el Congreso en julio, que amplía la financiación estatal de la dependencia y que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, con el que las comunidades autónomas van a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Según el ministerio, en solo dos meses las comunidades ya han recibido 517.444.324 € adicionales.
Principales cambios en dependencia
- Eliminación del régimen de incompatibilidades: se podrán combinar prestaciones, como ir a un centro de día y a la vez recibir cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
- Asistencia personal ampliada: se reconceptualiza y se incluye como servicio del catálogo, orientada a la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
- Servicio a domicilio ampliado: podrá ofrecerse más allá del propio domicilio, incluyendo acompañamiento para actividades como ir a comprar o al médico.
- Ampliación del concepto de persona cuidadora: se reconoce la figura de la cuidadora principal y de la cuidadora no profesional, incluyendo a personas del entorno relacional sin vínculo familiar registrado.
- Teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con dependencia reconocida, incluidas personas con demencia, con función preventiva frente a la institucionalización.
- Cotizaciones de las cuidadoras: la AGE abonará las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras principales, y se garantiza la continuidad de los cuidados si estas sufren una enfermedad grave u hospitalización.
- Reducción de plazos: el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia baja de 6 a 3 meses.
Principales cambios en discapacidad
- Reconocimientos automáticos: un grado I de dependencia dará lugar al reconocimiento automático de un 33% de discapacidad; los grados II o III podrán ser reconocidos con un 65%.
- Accesibilidad universal como derecho, exigible en servicios y edificios públicos, con un nuevo Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal.
- Obras de accesibilidad en viviendas: se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones ayuden económicamente y baja del 75% al 70% el porcentaje que debe asumir la comunidad de propietarios.
- Atención temprana como derecho subjetivo para menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, sin depender de la disponibilidad presupuestaria.
- Prohibición de discriminación en seguros de hogar o salud por razón de discapacidad.
- Facilitador procesal, figura que acompañará a personas con dificultades en procesos judiciales, haciendo de puente con los operadores jurídicos.
Objetivo de listas de espera
El ministro de Derechos Sociales ha instado a las comunidades autónomas a reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y a que desaparezcan en 2028.